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Derecho a la información, dilemas

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Joe Barcala

Joe Barcala

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A todo esto surgen muchas interrogantes: ¿toda la información pública es susceptible de ser conocida por cualquier persona? ¿Hay alguna información que adquiera el carácter de confidencial para los ciudadanos? ¿Evitar la transparencia, como ver una moneda en una alberca, es por seguridad nacional? ¿Quiénes se benefician guardando y reservando la información? Desde que fue creada la ley de acceso a la información, los debates se han centrado en la respuesta a estas interrogantes; sin embargo, la preocupación también debe dirigirse a la factibilidad de que la información llegue a todos los ciudadanos y la educación para que se aprenda a tomar decisiones con esos datos.

Se requiere educación

¿De qué sirve a un ciudadano tener una ley que le permite acceso si no tiene los medios para recibirlos? ¿Para qué queremos información si no sabemos qué hacer con ella? Porque ese es uno de los principales problemas en nuestro país y en particular en el Estado de Yucatán: no se tienen los medios, epistemológicos o epistemofílicos, es decir, se carece de referentes conceptuales para comprender la trascendencia de las estadísticas, registros y actividades públicas.

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Por otra parte, cuando se solicita la información al gobierno ¿las dependencias están preparadas para proporcionarla? ¿Hay los recursos financieros suficientes ante la creciente demanda informativa social? Aclaremos pues todos estos aspectos desde una perspectiva objetiva y puntual.

Los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana hablan de la libertad de expresión, señalando que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Por lo que toda la información debe ser proporcionada al ciudadano que le interese siempre que no altere el orden público o dañe los intereses de terceros; ello nos sumerge en un terreno relativo que no es fácilmente legislable, pues una dependencia podría negar información con esos argumentos sin posibilidad de que el ciudadano conozca realmente la causa de la negación.

¿Transparencia representativa?

La transparencia total simplemente es imposible. Incluso por seguridad nacional. Eso no quita que los ciudadanos puedan nombrar una comisión para ejercer ese derecho por los demás y calificar así el buen uso de los recursos. Ello implica la honorabilidad de esas personas; también existe la opción de contar con diferentes organismos con las mismas atribuciones, que cancelen cualquier posibilidad de corrupción al respecto.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Comisiones Estatales y Organismos para el Acceso a la Información Pública AMEPI, Dorangélica de la Rocha Almazán , señaló que en México todavía hay “un largo camino por recorrer que permita armonizar el derecho de acceso a la información con la protección de otros bienes jurídicos protegidos, particularmente los datos personales” [1], ello indica la preocupación constante de dar pasos seguros para salvaguardar los asuntos privados ante esta oleada de exigencias por abrir todos los archivos gubernamentales.

Estudios profesionales

Al ciudadano común, con sus preocupaciones y su diversidad cultural, su oficio o profesión, puede no interesarle toda la información todo el tiempo y sabemos bien que pudiera incluso no entenderla. Por ello, nuestra sociedad requiere una especialización en ese ramo: la investigación por la claridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos y también en la toma de decisiones de la más alta esfera política de cada entidad y de la federación. Tener todas las estrategias financieras y administrativas del país al alcance de cualquiera, además de ser una tarea casi infinita, realmente puede poner en riesgo la seguridad nacional.

Hace un tiempo un ciudadano mexicano vendió un fragmento del padrón electoral a unos inversionistas extranjeros. Eso es precisamente el problema a evitar: que la información caiga en manos de personas sin escrúpulos. Diferenciemos: hay cierta información pública cognoscible y cierta información privada que el gobierno no puede dar a conocer para no afectar la seguridad de las personas o empresas.

No hay consenso

La información pública cognoscible debe ser no sólo transparentada, también difundida y explicada. La ley federal ya considera esta explicación, hace falta que los estados y municipios del país legislen al respecto y cumplan con esas normas. En el municipio de Mérida se publican por Internet una gran cantidad de datos sobre la gestión y el estado que guarda la administración, sin embargo, como no existe legislación, podría venir otro gobernante que simplemente borre la página y asunto terminado, por lo que la buena voluntad de transparentar no es suficiente.

Por otra parte, existe un fenómeno en la creación de legislaciones locales, o se oponen al proyecto nacional o los municipios entran en conflicto con la legislación estatal. A la inversa, algunos municipios copian textualmente las leyes estatales sin dar aportación alguna, incluso de aplicación práctica.

Democratización

La realidad es que este tema es nuevo, no sólo en nuestro estado, y no sólo en nuestro país. En el mundo entero se está iniciando esta revolución cultural que implica que los gobiernos les sean devueltos a los ciudadanos, es decir, democratizar aún más las esferas gubernamentales involucrando a todas las esferas sociales. El problema es que en nuestro país existe una ley federal, emanada de la Constitución y concretamente del artículo 6 y también a la enmienda del año 1999 del artículo 115 sobre el municipio libre.

Muy pocos estados, a lo mucho 6, han legislado al respecto y menos de 20 de los 2,400 municipios lo han permeado a su localidad. Hay dos asuntos más: los dirigentes que han optado por la transparencia han asumido el costo con sus recursos municipales, pues tampoco se ha legislado al respecto de cuánto se debe gastar en este rubro. En realidad los gobiernos no deberían ver a la claridad en el manejo de los recursos como un gasto, sino como una inversión que les permitirá ahorrar más adelante en fugas y duplicaciones de gastos, sueldos, concursos, licitaciones, etc.

Calificación indignante

Es en el municipio en donde se podría ver más concretamente la participación de la ciudadanía y de hecho existen estudios en diversos órganos de gobierno para medir la apertura de la información a los ciudadanos, mismos que en general tienen al país en un promedio reprobatorio [2]. Jugar a la democracia un día, en las elecciones y el resto dejarlo a la buena voluntad de los gobernantes es una práctica que debe terminar. Se requieren mayores atributos a los ciudadanos que le permitan ser copartícipe en las decisiones de su gobierno en cualquier nivel; ello exige ampliar la información al pueblo que de ese modo pueda decidir si está de acuerdo con las acciones públicas.

También es importante hacer accesible la información a los ciudadanos. No sólo en claridad, principalmente en facilidad, en cercanía. Que la información esté al alcance de una llamada o del Internet, en revistas o en periódicos, en la radio o en la televisión. Si se ponen muchos requisitos para obtenerla, el ciudadano común considerará que es inaccesible, causándole un daño a él y a la democracia, esquema central de la transparencia. Pues hay un dato interesante, en nuestro Estado existen 254 bibliotecas, con ello ocupamos el número 20 del país en cantidad de bibliotecas, y en el promedio de visitas ocupamos el mismo lugar [3]. Esto significa que hay pocos espacios y se visitan poco. El nuevo ciudadano no acude a estos lugares, prefiere recibir la información a través de los medios masivos.

Inclusión

Las leyes que se dicten deberán considerar la realidad existente, para que no se quede en el papel. Esta transparencia deberá provocar un cambio real y eficaz en la forma de ver al gobierno, favoreciendo la participación y eliminando los anticuados sistemas paternalistas. Los ciudadanos debemos aprender a interactuar con el gobierno y para ello las leyes deben favorecer la inclusión. No es un evento sencillo, no implica sólo imprimir libros y libros de información tediosa, de gráfica tras gráfica, como un informe de gobierno clásico. Implica ceder a los ciudadanos las riendas de su gobierno, cambiando la mentalidad de bandos distintos en donde por un lado el pueblo vive su vida y toma sus decisiones personales y por otro los gobernantes asumen el control total de la acción pública.

Estado fallido

Vayamos a otro problema que incide en la decisión de transparentar al gobierno y es que “No puede haber acceso a la información si no hay archivos públicos en orden” como lo señaló la historiadora Patricia Galeana [4]. Las decisiones como se tomaban anteriormente, no permitían el conocimiento integral de la función pública y la importancia de archivar adecuadamente cada una de las acciones y documentos que llegarían a ser históricos. Ahí están, pero son simplemente un mar de archivos sin orden ni sentido empacados en cajas por años, trienios o sexenios.

Con los avances tecnológicos algunos gobiernos se han dado a la tarea de digitalizar los documentos históricos más importantes, conformando información mucho más valiosa que permita a los estudiosos y a los ciudadanos concentrarse en el estudio de diversas disciplinas del quehacer político y social; es deseable que todo ello se generalice para cumplir la parte de la funcionalidad de la ley de transparencia.

Finalmente, hay que dejar en claro que una cosa es la transparencia y otra la ética, pues puedo ser transparente y decir que el chofer del gobernante gana 62 mil pesos; muy distinto es que eso sea ético. Con asombro los mexicanos hemos visto a lo largo del tiempo que los diputados se aumentan el sueldo con cantidades realmente sorprendentes, pues más del 80 por ciento de los mexicanos no ganaría en tres años lo que ellos se embolsan al mes. Es legal, es transparente (aunque podría no serlo, pues siempre hay una parte de las nóminas ocultas) pero ¿es ético?… ¡¿es ético?!

Referencias bibliográficas
[1] Discurso de Dorangélica de la Rocha Almazán , presidenta de la AMEPI y comisionada presidenta de la CEAIPES. Obtenida el 26 de febrero 2005 en: http://www.ceaipes.org.mx

[2] Versión estenográfica de la mesa de transparencia en los Estados y Municipios en el marco de la Semana Nacional de la Transparencia 2004, Transparencia y Buen Gobierno, efectuada en el auditorio “Jaime Torres Bidet” del Museo Nacional de Antropología e Historia. 17 de junio de 2004. Mesa 9. Ponencia de Ricardo Jiménez, representando a CIMTRA, Ciudadanos por Municipios Transparentes.

[3] INEGI, 2003.

[4] Galeana, Patricia. “ Prioritario ordenar archivos públicos para ejercer derecho de acceso a la información” en Ceaipes, obtenido el 25 de febrero de http://www.ceaipes.org.mx .

Artículo publicado en 2006 por la revista electrónica Códice, disponible en esta liga.

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